Un simulacro de Estado

Bajo este tenebroso régimen político, el Estado venezolano dejó de ser “el orden normativo de la sociedad”, de que habla Kelsen

Publicado en: Opinión

Por:
Luis F. Jaramillo R.

Abogado con postgrado en la Universidad de Roma, Casacionista.

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La evolución de las  formas de organización de la sociedad humana, desde las primitivas sociedades tribales, cuando eran establecidas entre personas con lazos  consanguíneos comunes, hasta los modernos Estados  Democráticos Constitucionales de Derecho, de nuestros días, que es la forma de organización política de la sociedad más sólida y mejor estructurada de cuantas se haya tenido conocimiento, no ha sido un privilegio gratuito del cual se ha beneficiado la humanidad sino, por el contrario, la resultante de un largo y costoso proceso históricos en el que no han escaseado las  guerras, las penurias ni los profundos conflictos sociales causantes de enormes sacrificios y sufrimientos humanos, a cuya conformación ha contribuido la obra de ilustres pensadores de la humanidad.

La revolución inglesa del siglo XVII, que fue la primera manifestación de la crisis de la monarquía absolutista y permitió la instauración de un régimen parlamentario que permanece hasta hoy, la guerra de independencia de los Estados Unidos (1775 y 1783), que dio lugar al establecimiento constitucional de un régimen republicano y democrático, de notable impacto en la opinión pública y política europea y, sobre todo, la revolución francesa que, con su Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (1.789), consagra una nueva fuente de legitimación del poder político al establecer el principio de que “toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo, ningún individuo, pueden ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella” y proclama que  “la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión” son  derechos inalienable del hombre, representan sufridas proezas de la humanidad que, junto con el pensamiento de filósofos, políticos y juristas, desarrollado a lo largo de un vasto proceso histórico, han hecho posible la consolidación de la más elevada forma de organización política que jamás haya conocido la sociedad humana: el Estado.

Pero el Estado no sería posible sin la existencia del derecho porque, cuando se suplanta la voluntad del monarca por la voluntad general, representada en la norma jurídica, es ésta la que legitima la existencia de aquel, de manera que  el Estado en las sociedades modernas no puede ser otro que un Estado regido por el ordenamiento jurídico, esto es, Constitucional de Derecho.

La relación entre Estado y derecho ha sido, desde la antigüedad, tema central para la filosofía jurídica y las ciencias políticas, porque la conjunción de esas refinadas creaciones de la cultura es la que ha hecho factible la normalización de la pacífica convivencia humana en las grandes sociedades  civilizadas de nuestro tiempo. Esto por cuanto que, si bien el Estado no sería posible sin el Derecho, tampoco el derecho podría serlo sin el Estado porque, dado que el Derecho es un conjunto de normas de imperativo cumplimiento se hace necesario la existencia de un poder público para que, cuando la actividad de aquel al cual está dirigida la ley no  sea conforme con el mandato de ésta, sea capaz de intervenir para asegurar su cumplimiento. Este poder público, que garantiza la eficacia del orden jurídico, es  el Estado, lo cual significa tampoco el derecho  puede existir sin la existencia del Estado.

Este largo proceso histórico que, durante siglos, motivó  luchas sociales, guerras, cambios profundos o estallidos revolucionarios y ocupó la atención de los más influyentes pensadores en diferentes épocas de la humanidad, apenas si vino a proyectarse en nuestro país a mediados del siglo pasado, a partir de la caída de la dictadura rural de Juan Vicente Gómez, gracias al flujo de las ideas democráticas que circularon por el mundo después de la segunda guerra mundial, de las cuales fueron portadores los hombres de la llamada “generación del 28”, dando lugar a un proceso de renovación histórico, jurídico  e institucional y de transformaciones políticas, económicas y sociales que, si bien fue interrumpido con el advenimiento de la dictadura de Marco Pérez Jiménez, jamás vivió los desafueros barbáricos, el primitivismo y la perversión institucional que trajo consigo  la avaricia, escasez intelectual y sordidez ética de nuestros actuales gobernantes y de los siniestros personajes, civiles y militares, que les sirven de sustento.

Bajo este tenebroso régimen político, el Estado venezolano dejó de ser “el orden normativo de la sociedad”, de que habla Kelsen, concebido, a través de los siglos, para la culta y civilizada convivencia social, como una refinada creación cultural de los más depurado del pensamiento humano, para terminar convertido en un burdo simulacro de Estado, en el que, el órgano obligado a garantizar su cumplimiento, violenta la ley, las instituciones se desnaturalizan y las autoridades policiales y gubernamentales despliegan un comportamiento delicuencial, para fingir un orden político que no  tiene más existencia que en la voluntad arbitraria del déspota y en la sumisión a ella de la abominable servidumbre de sus secuaces.

De esta manera se designan fraudulentamente activistas del Partido de gobierno como magistrados del TSJ; se despoja a una entidad federal de su representación parlamentaria por medio de un proceso judicial amañado, para quitar a la oposición la mayoría calificada de las dos terceras partes que le concedió el voto popular;  se inventa un “desacato” imposible, jurídicamente, para arrebatar a la Asamblea Nacional sus potestades constitucionales;  se prorroga consecutivamente, por más de un año, un decreto de Emergencia Económica cuyo plazo de vigencia constitucional es solamente de 60 día, con una única prórroga, por igual término, para evadir el control del parlamento sobre la gestión del gobierno; se impide la celebración de un referéndum revocatorio mediante sentencias contra legem de tribunales incompetentes y se suspende la celebración, en el plazo establecido constitucionalmente, de las elecciones regionales y municipales; se designa a dedo como gobernadores, sin que se efectúen las elecciones correspondientes, a Edwin Rojas del Estado Sucre, Nelson Moreno del Estado Anzoátegui, Caryl  Bertho del Estado Aragua, Zenaida Gallardo del Estado Barinas, Margaud Godoy del Estado Cojedes y Reinaldo Castañeda del Estado Portuguesa; se anula el pasaporte al Director General de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray, para que no pueda viajar a la Argentina a participar en la asamblea extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, en representación de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, así como a diputados de la Asamblea Nacional para que no puedan viajar al exterior en gestiones propias de su investidura; se mantienen encarcelados varios ciudadanos no obstante haberles sido libradas órdenes de excarcelación por los tribunales correspondientes; se someten a la jurisdicción militar ciudadanos civiles; se condecora al Coronel Blamidir Lugo por haber vejado al presidente de la Asamblea Nacional en forma grosera y alevosa, el mismo que, posteriormente, incumplió  su obligación  de preservar la seguridad de la Asamblea Nacional permitiendo el criminal asalto al Palacio Federal Legislativo, el pasado 5 de julio; se proclama que será legal votar por medio del capta huellas, desde cualquier lugar, ya que, en el futuro, se eliminarán los centros electorales que actualmente se utilizan y, por si todo esto fuere poco, se hace escarnio de la soberanía popular con la comisión de crímenes de lesa humidad, no solo por las torturas, asesinatos y la represión inmisericorde contra la población civil desarmada, sino porque convocar  una írrita Constituyente Comunal, bajo un anómalo régimen electoral corporativo, para transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución, sin dar lugar a la participación del pueblo es, en términos prácticos, reducir a todos los venezolanos a la miserable condición de esclavos de la voluntad del déspota.

La conformación del simulacro de estado, con que se finge la existencia de un orden normativo de la sociedad, en nuestro país, es tan clara y de tal modo patente para toda la comunidad internacional,  que un total de 198 parlamentarios de ocho países de América Latina exigieron ante la Corte Internacional de La Haya la apertura de una investigación contra el Presidente de la República por delitos contra la humanidad e innumerables países exigen al gobierno de Venezuela cancelar la convocatoria de la espuria Asamblea Constituyente.

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Etiquetas: Asamblea Nacional Constituyente, Estado, Jurisdicción Militar, Gobernadores

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